Por: Felipe Márquez – Consejero General de AngloGold Ashanti Colombia
En días pasados se llevó a cabo un interesante debate en la Cámara de Representantes acerca de la importancia del sector minero para el país y el papel que juega esta industria en el desarrollo nacional. Se generó una discusión que el país debe dar con honestidad y transparencia, con argumentos y cifras comprobables que permitan tomar decisiones informadas.
Persisten temores sobre los impactos que podría causar la actividad en el medio ambiente y en el entorno social. Si bien la mayoría de estas dudas surgen de argumentos ideológicos y no técnicos, también es cierto que hay realidades desafortunadas de minería depredadora que le han hecho un gran daño a este sector, al entorno natural y a las comunidades. Pero hay cientos de buenos ejemplos en los que los proyectos mineros se han convertido en los motores de crecimiento y prosperidad, no solo de poblaciones pequeñas sino de países enteros. Estos casos son pruebas de que la dicotomía entre minería y medio ambiente, o minería y agricultura, es un falso dilema.
La mayor autoridad en recurso hídrico del país, el Ideam, reveló recientemente un estudio que demuestra, con datos técnicos, que -contradiciendo los mitos que circulan- la industria minera es la segunda actividad económica que menos agua consume (1,8%) mientras que las actividades pecuarias, agrícolas y de generación de energía -en conjunto- tienen el 76% del consumo nacional. Otro aporte interesante al debate viene de un estudio realizado este año por Fedesarrollo, que sostiene que de llevarse a cabo los grandes proyectos mineros que se proyectan en el departamento, el Tolima -que lleva más de una década perdiendo competitividad y creciendo a ritmos inferiores al resto del país- podría agregar dos puntos adicionales cada año a su PIB.
Estas evidencias técnicas, sin embargo, no han bastado para avanzar en una discusión que debería estar más centrada en el “cómo” que en el “qué” y diseñar la hoja de ruta de cómo hacer una verdadera minería.
En este sentido, el Estado ha avanzado de manera significativa: ha venido adoptando una serie de medidas para que la minería pueda hacerse de manera responsable. Ha fortalecido la institucionalidad minera y ambiental, ha generado una reglamentación técnica estricta, ha creado los organismos de fiscalización y control, está implementando acciones para combatir la minería ilegal y para formalizar y profesionalizar la artesanal. Los requisitos ambientales y sociales son cada vez más exigentes, de forma que aseguran que solo las empresas más calificadas y con mayor experiencia puedan ejecutar los planes de manejo ambiental, las compensaciones sociales y la mitigación de impactos bajo los más altos estándares. Esto ha hecho que el país tenga los aliados idóneos para hacer buen uso de los recursos. Las grandes empresas han comprendido su papel en las regiones y dedican lo mejor de sus recursos y su talento a construir, preservar y cuidar comunidades y ecosistemas.
Queda por construir otra parte fundamental, pues para que la minería tenga un verdadero valor para el país, debe representar mucho más que ingresos. Para que estos recursos se conviertan en verdadero progreso, es necesario que todos lo construyamos; y para lograrlo, bienvenidos todos los debates con argumentos que permitan que tomemos conjuntamente decisiones informadas, que construyamos un acuerdo verdadero que trascienda la actividad económica y la convierta en bienestar colectivo.
