Según Felipe Márquez, con la aprobación de la licencia de la mina de Gramalote (Antioquia), la primera para minería de gran escala en 25 años, se cumple el primer paso para extraer, desde 2025, cerca de 40 millones de toneladas anuales.
Recientemente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales notificó a Anglogold Ashanti sobre la aprobación de la licencia para la construcción de la mina Gramalote, en Antioquia.
Este es el primer proyecto de gran minería aprobado en 25 años y se espera que para 2017 esté produciendo el doble del oro extraído legalmente en Colombia, es decir unas 14 millones de toneladas anuales.
La empresa sudafricana se alió con B2Gold en este proyecto. Aunque esta mina será una de las más importantes del país, esa misma compañía tiene un proceso bastante avanzado con “La Colosa”, que, entre otras, es conocida como uno de los diez proyectos auríferos más grandes del mundo.
La firma foránea ha sido fuertemente cuestionada por los impactos medioambientales de su actividad y sobre todo por las implicaciones que tendría la actividad en páramos y en fuentes hídricas cercanas al proyecto. De hecho, la ONG inglesa Colombia Solidarity Campaign publicó un informe alertando sobre esta posibilidad.
El Espectador habló con el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglogold Ashanti, Felipe Márquez, quien aseguró que se invertirán más de US$20 millones en proyectos de reasentamiento, fortalecimiento de vocación agrícola y la construcción de una mina para mineros artesanales.
En términos de producción pronostica que en diez años, cuando Gramalote y “La Colosa” estén en etapa de producción, la empresa estará aportando el equivalente a la producción ilegal actual, es decir más de 40 millones de toneladas anuales.
¿Cuál es el alcance de la aprobación de la licencia del proyecto Gramalote?
Esta es una licencia de 247 páginas que nos tardó cuatro años de estudio y un año de proceso para construirla, presentarla y que la ANLA la aprobara. La entidad nos está diciendo que tenemos el permiso para construir la mina y todas las facilidades que requiera después de que llevemos a cabo un proceso de reasentamiento, que tiene tres pilares.
Cuando hayamos podido hacerlos, entregamos ese documento y ANLA definirá si se puede construir. Calculamos que vamos a estar todo el 2016, 2017 y el 2018 en hacerlo para empezar a construir al final del 2018 y estar produciendo en el 2020.
¿Por qué les dieron la aprobación de la licencia?
Nos concentramos en realizar un estudio que tuviese todos los soportes técnicos, ambientales y comunitarios para que la autoridad se sintiera tranquila y entendiera que sí conocemos el territorio. Desde el comienzo dijimos que no íbamos a estar en el estándar regulatorio colombiano solamente sino que hubiera uno global.
La construcción del Quimbo también fue una demostración de lo mal que están funcionando las cosas entre las autoridades regionales y las nacionales, ¿a ustedes cómo les fue?
No tenemos esa problemática porque la autoridad regional, Cornare, siempre nos acompañó, siempre tuvimos buenas relaciones, tanto así que nos acompañó en el proceso de licenciamiento como una parte interesada. Ellos sabían que por el tamaño de Gramalote quien licencia es ANLA pero siempre los mantuvimos dentro de los ciclos del permiso. Aunque no participó dando la licencia si nos acompañó.
¿Si no hubiera sido declarado como Proyecto Estratégico de Interés Nacional hubiera salido como hasta ahora?
Para el caso de Gramalote el hecho de haber sido declarado Pines no influyó en los tiempos pero sí en la necesidad de llevar a los funcionarios a cumplir con los periodos establecidos. No se trató de un proceso más corto sino un desarrollo a tiempo.
En los próximos tres años van a comenzar a negociar con los pobladores de la zona, ¿qué garantiza que se van a beneficiar los que han vivido allí y no otros que aprovechen la oportunidad para “colarse” en el proceso?
Para la sección de coexistencia el que finalmente nos dicen quiénes y cuántos son es el Ministerio de Minas y la Secretaría de Minas. Y para poder trabajar con ese grupo de personas tenemos unos consultores varias veces en lo técnico y en el campo. Hay personas que se quieren meter en ese grupo no por malos sino porque están buscando oportunidades para ellos, hemos pensado integrarlos a los otros procesos. Somos claros en que no somos Estado, somos una compañía que acompaña las decisiones de política pública.
Puerto Gaitán, Meta, es uno de los tantos ejemplos de la dependencia laboral que se genera alrededor de un proyecto extractivo, ¿qué planea Anglogold Ashanti para evitar esto en la zona de San Roque?
Un proyecto minero tiene un comienzo y un fin, planeados. Desde que solicitamos la licencia, por estándar tenemos que presentar cuándo va a ser el cierre. Este proceso incluye un cierre ambiental pero también tiene uno económico y social. El municipio tiene que estar preparado para cuando no haya mina. Nosotros queremos fortalecer las vocaciones prexistentes.
Este proyecto arranca en un contexto de precios bajos para las materias primas, ¿están preocupados?
Tenemos la modelación del proyecto con la onza de oro a US$1.100, a US$1.200 y US$1.300. Si el precio sigue bajando tenemos que abrir nuevos espacios de moderación para ver qué pasa. De acá a 2018 también estamos haciendo mucho trabajo de escritorio para hacer un proceso financiero que se va a valorar ese año con los precios que haya y saber si es viable construir la mina o no.
La minería a cielo abierto ha sido criticada, ¿por qué ustedes eligieron ese proceso?
El tipo de minería que se hace no es un capricho. Los dos tipos de minería tienen cosas a favor y en contra. La gente piensa que como es subterránea arriba todo queda igual. Cuando se hace minería a gran escala subterránea usted tiene que condenar lo que está arriba, lo que pasa es que visualmente es menos impactante. Ahora, usted cómo escoge el sistema, según como sea su geología. Toda la minería está validada por el Estado, no es una decisión de la compañía.
¿De cuánto va a ser la producción anual de la mina?
Estaremos produciendo casi 400 mil onzas que es tres veces la compañía de oro más grande que hay en el país.
¿Y eso en regalías cómo se traduce?
Las regalías del oro son del 4% sobre el ingreso bruto. En sólo regalías este proyecto está alrededor de los US$180 millones. El gran pago al Estado lo hacemos por vía de impuestos, de renta, a los explosivos, a la gasolina. El governement take está en cerca al 80%.
¿Son muy altos los impuestos?
Son muy altos y se lo hemos dicho de frente al Gobierno. Hemos presentado estudios que demuestran que Colombia con respecto a otros países no es competitivo en esta materia.
¿Cómo va el proyecto de “La Colosa”?
Todavía le faltan unos dos o tres años por lo menos para comenzar el licenciamiento. Colosa tiene una diferencia con Gramalote y es que su construcción no tarda dos años sino cuatro años. En el mejor de los escenarios estaría construido en nueve o diez años. Faltan muchos procesos sociales e investigación ambiental.
¿Hay posibilidad de que exploten oro en las áreas del túnel de La Línea?
Estamos en una zona donde el Estado marcó un polígono y lo llamó la zona de restricción del túnel de La Línea. Lo que dijo el Estado es que cualquier actividad que se quiera desarrollar allí requiere ser validada por el Invías para asegurar que no se pone en riesgo el túnel. Dentro de esa zona queda uno de nuestros títulos mineros en Colosa y necesitamos si podemos construir unas facilidades. Para poder construir una planta necesitamos hacer un estudio de suelos que ya se está haciendo. Ahí no va a quedar la mina, ahí no se puede explotar oro.
¿En diez años, con los proyectos que tiene Anglogold Ashanti, en cuánto se podría aumentar la producción de oro del país?
Hay que hablar primero de la producción legal porque de las 55 millones de toneladas que se producen por lo menos 7 millones son legales. Gramalote podría duplicarlas, con Colosa podríamos hablar de tres o cuatro veces más. Entonces, se podría vender legalmente lo equivalente a lo que se está produciendo ilegalmente.
Fuente: El Espectador
